Los comisionados o corresponsales de los distintos editores eran libreros, impresores o viajantes, cuya misión consistía en facilitar la venta de ejemplares impresos en Madrid por un determinado editor y cobrar los derechos de representación de las obras dramáticas. En numerosas cubiertas aparecen listas de comisionados que van cambiando a lo largo del tiempo, pero ofrecen datos sobre la distribución de una colección determinada. La comparación entre diferentes galerías permite observar que hay comisionados que gestionaban varias colecciones, que en una misma ciudad hay comisionados de diferentes galerías y también que hay un mismo comisionado para varias ciudades, al encontrar el nombre repetido en localidades cercanas geográficamente.

La gestión de derechos

La gestión de los derechos que otorgaban las leyes sobre la propiedad intelectual fue un proceso complejo en el siglo XIX dependiendo de una legislación cambiante y de la necesidad de dedicar grandes esfuerzos al seguimiento del producto comercial, en este caso las obras dramáticas. Esto llevó a que muchos autores vendieran sus derechos a sociedades o bien a editores y fueran estos quienes gestionarán los derechos de este nuevo producto.

En las obras reunidas en el proyecto TeNT19 aparecen ejemplos de una amplia variedad de situaciones. Un párrafo que se incluye en los preliminares de los impresos indica el propietario de los derechos y la forma de gestionarlos. En los primeros años del siglo son muchos los autores que gestionaron sus derechos. La dificultad de distribuir las obras y de cobrar las representaciones propició la aparición de sociedades que gestionaron de forma común los derechos de sus miembros, como la sociedad de autores dramáticos o la sociedad espartana. Sin embargo, a pesar de la ilusión inicial de muchos dramaturgos, tras numerosas dificultades como la mayoría de las sociedades pasaron a manos de un nuevo editor, a veces uno de los miembros de la sociedad, pero en ocasiones un editor con capacidad económica para comprar los derechos y, con frecuencia, también los ejemplares ya impresos, pero todavía no vendidos.

Las Reales Órdenes de 8 de abril de 1939, 4 de marzo de 1844 y 5 de mayo de 1847, y la Ley sobre la Propiedad Literaria de 10 de junio de 1847 primero y de 1879 después, contribuyeron a poner cierto orden en el complejo tema de los derechos de autor y de los derechos que habían adquirido los editores, pero durante todo el siglo XIX se produjeron desencuentros entre autores y editores por los beneficios generados por las obras teatrales.

La venta de ejemplares en librerías de Madrid o por suscripción directamente al editor, resultaba sencillo de gestionar para la mayoría de editores porque vivían en la capital. Pero para la venta en provincias cada editor contaba con su red de comisionados, ya mencionada, que se encargaban de velar por los intereses de la empresa. Son pocos los datos que tenemos sobre el número de ejemplares vendidos o sobre el precio de estas representaciones, pero gracias a un ejemplar de La España Dramática, contamos con un documento de gran valor que publica las tarifas solicitadas por el editor para los teatros de diferentes categorías que decidían poner en escena sus obras.

Durante todo el siglo XIX las colecciones de obras literarias, y en concreto las galerías dramáticas, habían sido el sistema de publicación y de gestión de derechos de representación más extendido en España. Fue sin duda una nueva oferta comercial que alcanzó notable éxito, aunque los dramaturgos consideraron necesario luchar por recuperar una parte de los derechos que habían perdido al vender sus obras y que estaban convirtiendo en ricos a sus editores mientras algunos de ellos pasaban penurias económicas (La disputa entre Zorrilla y Delgado se recoge en Zorrilla, 2001). Pero no será hasta los últimos años del siglo XIX cuando se produzca un cambio en este sistema comercial de la mano de Sinesio Delgado y de Florencio Fiscovich principalmente.